Luego del PDAC en Toronto me quedó otra idea dando vueltas: la trazabilidad del origen del mineral es un reto global, pero no por las mismas razones en todos los países.
En jurisdicciones con alta institucionalidad y una cultura sólida de cumplimiento (Canadá, Australia, Europa, USA), la conversación suele girar alrededor de huella de carbono, ESG y responsabilidad social, con especial foco en la relación con comunidades indígenas y asentadas en zonas mineras.
En países más cercanos a nuestra realidad institucional (Nigeria, por ejemplo, gracias Chief Dr. Bekeme Masade-Olowola por el insight), la motivación social también está muy presente, pero con un énfasis adicional: desarrollo humano de las comunidades, sostenibilidad y control de minería ilegal.
Y en el Perú… la trazabilidad debería servir para todo lo anterior: control ambiental eficiente, desarrollo social, sostenibilidad. Pero si soy honesto, nuestro mayor “impulso” (o intento) ha sido el control de la minería ilegal. Digo “intento” porque el diagnóstico es público: hoy no tenemos un sistema sólido que garantice origen; muchas veces se cumple con lo formal (papeles, registros) sin asegurar lo material (la legalidad real del mineral).
Eso explica por qué medidas que buscaban ordenar el mercado —como las detracciones vinculadas a minerales (lo comenté aquí 👇) https://lnkd.in/eFwyyw5p https://lnkd.in/eXgGY7Kj https://lnkd.in/ex3Av45H
— terminaron evolucionando mal: la presión política llevó a excluir a quienes eran el objetivo y a dejar la carga, principalmente, en las empresas formales, complicando su operación.
Lo mismo ocurre con el frente penal: se ajustan normas (lo comenté aquí 👇) https://lnkd.in/eYhgvj2T
…pero sigue faltando lo esencial: mecanismos de control estatal efectivos y, sobre todo, voluntad real de ejercerlos. Porque herramientas existen (y afuera hay experiencia práctica): en mercados más desarrollados la “importancia” de trazar el origen ha empujado sistemas que podrían adaptarse al Perú con asesoría adecuada.
Al final, la variable crítica no es tecnológica: es política (y también del sector privado). Y si la minería ilegal es el elefante en la sala —con reportes que la describen como una de las economías criminales más rentables del país— entonces esto debería estar en el centro de cualquier plan serio de gobierno.
Pregunta directa, pensando en las elecciones que se vienen:
👉 ¿Quién está realmente decidido a combatir la minería ilegal con control efectivo (no solo con normas), y a tomarse en serio la trazabilidad del origen del mineral?
Luego del PDAC en Toronto me quedó otra idea dando vueltas: la trazabilidad del origen del mineral es un reto global, pero no por las mismas razones en todos los países.
En jurisdicciones con alta institucionalidad y una cultura sólida de cumplimiento (Canadá, Australia, Europa, USA), la conversación suele girar alrededor de huella de carbono, ESG y responsabilidad social, con especial foco en la relación con comunidades indígenas y asentadas en zonas mineras.
En países más cercanos a nuestra realidad institucional (Nigeria, por ejemplo, gracias Chief Dr. Bekeme Masade-Olowola por el insight), la motivación social también está muy presente, pero con un énfasis adicional: desarrollo humano de las comunidades, sostenibilidad y control de minería ilegal.
Y en el Perú… la trazabilidad debería servir para todo lo anterior: control ambiental eficiente, desarrollo social, sostenibilidad. Pero si soy honesto, nuestro mayor “impulso” (o intento) ha sido el control de la minería ilegal. Digo “intento” porque el diagnóstico es público: hoy no tenemos un sistema sólido que garantice origen; muchas veces se cumple con lo formal (papeles, registros) sin asegurar lo material (la legalidad real del mineral).
Eso explica por qué medidas que buscaban ordenar el mercado —como las detracciones vinculadas a minerales (lo comenté aquí 👇)
https://lnkd.in/eFwyyw5p
https://lnkd.in/eXgGY7Kj
https://lnkd.in/ex3Av45H
— terminaron evolucionando mal: la presión política llevó a excluir a quienes eran el objetivo y a dejar la carga, principalmente, en las empresas formales, complicando su operación.
Lo mismo ocurre con el frente penal: se ajustan normas (lo comenté aquí 👇)
https://lnkd.in/eYhgvj2T
…pero sigue faltando lo esencial: mecanismos de control estatal efectivos y, sobre todo, voluntad real de ejercerlos. Porque herramientas existen (y afuera hay experiencia práctica): en mercados más desarrollados la “importancia” de trazar el origen ha empujado sistemas que podrían adaptarse al Perú con asesoría adecuada.
Al final, la variable crítica no es tecnológica: es política (y también del sector privado). Y si la minería ilegal es el elefante en la sala —con reportes que la describen como una de las economías criminales más rentables del país— entonces esto debería estar en el centro de cualquier plan serio de gobierno.
Pregunta directa, pensando en las elecciones que se vienen:
👉 ¿Quién está realmente decidido a combatir la minería ilegal con control efectivo (no solo con normas), y a tomarse en serio la trazabilidad del origen del mineral?
LINK: Trazabilidad en la Minería Peruana