Volví del PDAC (Toronto) con una idea fuerza respecto a la atracción de inversión al país en minería: la seguridad jurídica no se proclama, se practica.

En el evento, el MEF insistió en “predictibilidad” para atraer inversión minera: se refirió a la red de tratados de protección, a un equipo de prevención de conflictos en inversiones (EESI) para destrabar proyectos y a regímenes/vehículos tributarios como la Recuperación Anticipada del IGV u Obras por Impuestos.

Hubo, además, un consenso transversal: (i) la tramitología y las demoras en permisos (exploración, construcción, operación) son un desincentivo grave para el capital de riesgo, que migra a jurisdicciones donde puede materializar retornos más rápido; y (ii) la minería ilegal sigue siendo el gran elefante en la sala.

Desde el sector privado también se pidió algo muy concreto: mantener la estructura tributaria por escala según precios de minerales y evitar “ruido electoral” con impuestos al sector.

Mi idea es la que suele quedar fuera del powerpoint: la predictibilidad no se agota en el “antes” (reglas en el papel + destrabe). El “después” importa tanto o más, porque ahí se mide la confianza real:

• Beneficios tributarios interpretados de forma restrictiva “por ser beneficio”, sin mirar el propósito para el que fueron creados, terminan convirtiendo incentivos en controversias con litigios millonarios que escalan.
• Una cultura de desconfianza desde SUNAT que convierte el cumplimiento en una “dictadura de la forma”: formalismos extremos, cargas probatorias difíciles y reparos que un inversionista no tiene cómo modelar ex ante.
• Si a eso se suma un proceso contencioso largo y poco predecible (idas y vueltas, acceso limitado a TC, criterios superiores no acatados) el costo de discrepar se vuelve prohibitivo.

Los datos ayudan a aterrizar el punto. Un sondeo del SAE–Apoyo Consultoría reporta que el 90% de empresas enfrenta la incertidumbre tributaria como principal riesgo operativo; y el gráfico de “Percepción de la fiscalización” refuerza la misma señal (ver adjunto).

Del mismo modo, los estudios reflejan una marcada caída en el atractivo del país: en el Índice de Atractivo a la Inversión Minera (Instituto Fraser), Perú figura 41/68 y, entre otras causas, se subraya la incertidumbre en la administración, interpretación y aplicación de regulaciones (ver adjunto). Esta caída la vi de primera mano en el PDAC; los eventos de Argentina y Brasil jalaban más atención que el peruano. La competencia por capital se ve en el piso.

Conclusión: atraer capital no es solo acelerar permisos y prometer estabilidad. Es alinear el sistema completo: reglas claras + aplicación razonable + solución de controversias eficiente.

🔎 Pregunta para gerencias legales/tributarias y financieras de mineras: en sus decisión de invertir en el Perú o en otro país, ¿qué tanto termina pesando en el “go/no go” la imprevisibilidad en fiscalización/criterios y tiempos de controversias?

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